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Categoría: Noticias
Fecha: 16 de abril de 2025
Publicado por: Equipo de CPDMA
El STF suspende los procesos sobre la legalidad de los contratos de prestación de servicios en todo el país
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió suspender, en todo el territorio nacional, las acciones judiciales que discuten la legalidad de los contratos de prestación de servicios, conocidos como “pejotización”. La decisión, tomada por el Ministro Gilmar Mendes, tiene como objetivo uniformar el entendimiento sobre el tema y garantizar la seguridad jurídica.
El STF reconoció la repercusión general del asunto al analizar el Recurso Extraordinario con Agravante (ARE) 1532603, que trata sobre la competencia y la carga de la prueba en procesos que discuten la existencia de fraude en contratos civiles/comerciales de prestación de servicios y la licitud de la contratación de una persona jurídica o un trabajador autónomo para este fin.
Aunque el recurso discute la “pejotización” en contratos de franquicia, el Ministro Relator aclaró que la discusión no se limita a este tipo de contrato, debido al aumento del número de procesos sobre el tema en el STF.
El Ministro Gilmar Mendes destacó que se han presentado muchas Reclamaciones Constitucionales contra decisiones de la Justicia Laboral que restringían la libertad de organización productiva, a pesar del entendimiento establecido por el STF en el fallo de la ADPF 324, lo que ha generado una gran inseguridad jurídica.
The nationwide suspension is not an automatic consequence of the recognition of general repercussion, but rather a decision made by the reporting Justice of the extraordinary appeal. Justice Gilmar Mendes, in making this decision, considered the jurisdiction of the Labor Court to rule on cases involving fraud in civil service contracts; the legality of hiring self-employed workers or legal entities to provide services; and the burden of proof concerning the allegation of fraud in civil contracting.
Con la suspensión, el STF busca evitar la multiplicación de decisiones divergentes sobre el tema, privilegiando la seguridad jurídica y cumpliendo su papel constitucional en la pacificación de los conflictos sociales.
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