En la era de la tecnología, el ecosistema de las start-ups ha atraído a muchas personas en las últimas décadas. Esto se debe principalmente al rápido auge de la economía digital, que ha dado lugar a numerosas historias de éxito de empresas que hoy representan a gigantes del mercado, independientemente del sector en el que operen. En este contexto de iniciativas empresariales escalables, las startups han demostrado ser un enorme atractivo [...]
BLOG CPDMA
Categoría: Noticias
Fecha: 5 de noviembre de 2019
Publicado por: Equipo de CPDMA
STJ permite inclusión de deudas de productores rurales individuales en recuperación judicial
Mesmo as dívidas constituídas antes da inscrição dos produtores na Junta Comercial podem ser incluídas no processo.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, nesta terça-feira, que as dívidas constituídas por produtor rural como pessoa física - antes da sua inscrição da Junta Comercial - podem ser incluídas nos processos de recuperação judicial. A Corte decidiu por um placar apertado: três ministros votaram para permitir a inclusão de todas as dívidas no processo e dois foram contrários.
Julgado pela 4a Turma, o caso envolve o Grupo JPupin, de Mato Grosso (Resp no 1800032). As dívidas da empresa somam cerca de R$ 1,3 bilhão e praticamente tudo foi constituído quando José Pupin, um dos maiores produtores de algodão do país, e a sua esposa, Vera Lucia, exerciam a atividade como pessoa física.
Essa é a primeira vez que o STJ se manifesta sobre o tema. E o julgamento na 4a Turma era muito esperado pelo setor do agronegócio. Uma decisão contrária aos produtores, segundo especialistas, poderia levar à falência a maioria dos que estão em processo de recuperação. Isso porque a maior parte das dívidas, afirmam, são anteriores ao registro na Junta – assim como ocorre com o Grupo JPupin.
A questão é importante. De acordo com o IBGE, em 2017 apenas 97,5 mil de um total de 5 milhões de produtores rurais no país tinham CNPJ.
Isso se deve ao fato de o Código Civil, no artigo 971, não obrigar a inscrição no registro público de empresas. Embora a Lei de Recuperação Judicial e Falências (no 11.101, de 2005) não trate dessa peculiaridade, há uma regra geral: estão aptas ao processo as empresas com, no mínimo, dois anos de inscrição.
Fuente: Joice Bacelo vía Valor Econômico.
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